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Lunes 20 de Noviembre de 2017

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17/12/2012 - La nueva ley de tasas judiciales ha comenzado a aplicarse este lunes 17 de diciembre

La nueva ley de tasas judiciales ha comenzado a aplicarse este lunes, tras la publicaci贸n este s谩bado en el Bolet铆n Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidaci贸n y cobro. La orden recoge los dos modelos para la autoliquidaci贸n y la solicitud de devoluci贸n por soluci贸n extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, tambi茅n contempla varios supuestos relativos a la devoluci贸n de pagos y a la presentaci贸n de modelos que entrar谩n en vigor m谩s tarde, a partir del 1 de abril de 2013 La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deber谩n pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la v铆a Civil y Contencioso-Administrativa. La norma, tramitada con el car谩cter de urgencia ante las Cortes Generales, sali贸 adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. El PSOE, que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, tambi茅n ha registrado diversas proposiciones no de ley para excluir a diversos colectivos del pago de tasas adem谩s de asegurar que en la calle estar谩n "con los ciudadanos en cualquier iniciativa" que emprendan. "El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", se帽ala el pr茅ambulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposici贸n y del conjunto de operadores jur铆dicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendr谩 un efecto disuasorio. As铆, las subidas m谩s destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelaci贸n del 谩mbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casaci贸n de esos mismos 贸rdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelaci贸n se deber谩 pagar 800 euros en ambos 贸rdenes. El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicaci贸n y de 750 en casaci贸n ante el Supremo. El Congreso modific贸 levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicaci贸n y casaci贸n en lo Social. Adem谩s, se liber贸 del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuant铆a de la reclamaci贸n sea inferior a 2.000 euros. Un procedimiento abreviado costar谩 200 euros y uno ordinario llegar谩 a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario. Exenciones Las tasas alcanzan ahora no s贸lo a las personas jur铆dicas, sino tambi茅n a las personas f铆sicas. Est谩n exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones P煤blicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades aut贸nomas. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gesti贸n econ贸mica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que "comprobar谩 en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previ茅ndose para el caso de que no se haya efectuado que no d茅 curso a la actuaci贸n procesal que se solicite", seg煤n la ley, recogida por Europa Press. Rechazo de jueces La medida ha contado con el rechazo de un amplio sector judicial. En este sentido, asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadan铆a han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos para conversar de "poder a poder", es decir, desde "el poder ejecutivo al poder judicial" debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard贸n. No obstante, Rajoy ya ha manifestado su apoyo y el de su Gobierno a Gallard贸n en las medidas que est谩 llevando a cabo. "Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente", ha se帽alado el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia, a帽adiendo que la decisi贸n sobre las tasas es "sensata y equilibrada". Seg煤n Rajoy, los usuarios espa帽oles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios del servicio de la Justicia". Torres-Dulce: "excesivas" El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este lunes que algunas de las tasas judiciales, sobre todo en el sistema de recursos, le parecen "excesivas". En declaraciones a la cadena Ser, Torres-Dulce ha se帽alado que le hubiera gustado que la ley de tasas judiciales hubiera pasado a informe de la Fiscal铆a y del Consejo Fiscal para dar su opini贸n sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "nos afecta a todos". Ha aventurado que, "en alg煤n caso, las tasas pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia", al tiempo que ha estimado que probablemente habr谩 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posici贸n fijada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002. No obstante, el fiscal general del Estado se ha mostrado partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio p煤blico de la Administraci贸n de Justicia tenga una v铆a propia para hacer frente a sus necesidades y que no todos los contribuyentes reciban el impacto de las tasas judiciales. Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 establec铆a que la finalidad de que no todos los ciudadanos soporten el peso de las tasas tiene que establecerse de tal manera que no resulten ni excesivas, ni desproporcionadas, ni impidan el acceso a la jurisdicci贸n o al sistema de recursos. Al ser preguntado por la huelga de jueces, Torres-Dulce ha indicado que esta medida no es "impensable" porque est谩 en el horizonte de las asociaciones del sector y ha agregado que respeta esa situaci贸n, pero no la comparte. Fuente: "El Imparcial"


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